Fiscalía: Pese a que sabían que eran ilegales, funcionarios aprobaron pagos para “Trocha”

El juicio por el caso mediáticamente conocido como “Trocha” inició formalmente la mañana de este lunes, después de 13 años desde su estallido y constantes atrasos.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) hizo lectura de la acusación contra 14 personas sospechosas de los presuntos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, penalidad del corruptor e influencia contra la Hacienda Pública (vea video adjunto de Telenoticias).

Precisamente, el Ministerio Público alega que los encartados idearon un plan que incluyó el pago de dádivas, dirigido a evadir la custodia, fiscalización y supervisión de fondos públicos destinados a la habilitación de la Ruta 1856, que pretendía resguardar la zona fronteriza con Nicaragua.

"De conformidad con el plan previamente establecido, los imputados de apellidos Méndez, Muñoz (imputado con criterio de oportunidad), Castillo, Parales, Herra, Soto, Campos, Pérez, Jiménez, Arias, Montoya, Carranza, Herrera, Arias, Campos, Herrera y Mena, así como Soto, Herrera, Mesén, Aguero, y Mora, presentaron para cobro ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) facturas por trabajos en zona fronteriza con cobros ilegales.

"Los encartados de apellidos Acosta, Serrano y Marín, como funcionarios públicos encargados de la administración y custodia de los fondos del Consejo de Vialidad, destinados a dichas obras, con pleno conocimiento de que los empresarios realizaban cobros ilegales a través de las facturas y, más bien, aprovechándose de la custodia, fiscalización, supervisión y control que tenían sobre los fondos públicos destinados a las obras de vialidad, aprobaron el pago de las facturas omitiendo sus deberes de fiscalización y supervisión sobre las obras y los cobros efectuados, logrando de esta forma la distracción de los fondos públicos que les habían sido confiados en razón de su cargo, y provocando una grave afectación al interés y la Hacienda Pública", explicó el fiscal Diego Maroto.

Durante la audiencia, un ingeniero acusado que pidió no ser identificado, se quejó ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública por el tiempo otorgado a su defensor para preparar el caso.

Valga recordar que, el 8 de abril pasado, el órgano jurisdiccional declaró el abandono en la representación del abogado José Miguel Villalobos (quien ejercía como defensor en otro debate) y esto provocó que ocho endilgados tuvieran que buscar otro jurista, que asumiera el caso en máximo un mes.