Por Jason Ureña |20 de mayo de 2025, 8:06 AM

La Contraloría General de la República (CGR) encontró una serie de irregularidades en la contratación que nueve instituciones públicas le hicieron a Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA).

Las irregularidades fueron encontradas por medio de una investigación efectuada por el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, que incluyó los contratos suscritos con el propio Congreso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Junta de Protección Social (JPS), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), el Concejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición (CEN-CINAI) y la Municipalidad de San José (MSJ).

"La irregularidad consiste en que, a pesar de que a RACSA se le contrató bajo la figura de excepción para contratar directamente entre entes de derecho público, utilizó la figura de asociación empresarial con empresas privadas para cumplir el objeto contratado. Esto a pesar de que debía hacerlo por sí misma y de acuerdo a sus propias competencias", explicó la gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades de la Contraloría, Marcela Aragón.

Para la Contraloría, los pactos contravienen la legislación vigente y al principio constitucional que le exige al Estado realizar contrataciones públicas para garantizar la transparencia y la libre competencia que permitan encontrar los mejores precios y condiciones (vea video adjunto de Telenoticias).

Una de esas órdenes inmediatas es que las instituciones ejecuten las acciones administrativas para no reconocer la utilidad en los contratos analizados e implementar las acciones para recuperar los montos que por ese concepto se han pagado a la fecha.

Sobre lo expuesto por la contraloría, Radiográfica Costarricense dijo que mantiene en análisis la documentación emitida.

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