Por Stefanía Colombari |1 de junio de 2025, 8:15 AM

La Fiscalía recibió en el 2024, 4717 denuncias por el delito de abuso sexual contra persona menor de edad, esto equivale, en promedio, a 12 denuncias diarias.

Si se analizan los números de hace cinco años, la cifra aumentó en más de mil denuncias anuales, pues en el 2020 los casos presentados ante el Ministerio Público fueron 3126.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también maneja sus propias cifras. Esta entidad ya registra, en los primeros cinco meses del 2025, 233 casos denunciados, mientras que en el 2024 se recibieron 792 denuncias, en el 2023, 862 y en el 2022, 832.

La diferencia entre las cifras que manejan la Fiscalía y el OIJ obedece, entre otras razones, a que muchas de las denuncias que ingresan al Ministerio Público no requieren investigación judicial inmediata. Sin embargo, el trasfondo sigue siendo el mismo: la violencia sexual contra menores ocurre todos los días, en todas las provincias, y deja cicatrices profundas en las víctimas y sus familias.

Desde la fundación 'Ser y Crecer' coinciden en que en los últimos años ha venido en aumento en la cantidad de casos que se presentan por este delito.

Para ellos, los menores de edad sobrevivientes al abuso sexual representan el 79% de todos los casos de abuso sexual que atienden, comenzando con edades tan tempranas como los 2 años.

La integrante de la junta administrativa de la fundación, Anabelle Lang, afirmó que los datos del Poder Judicial, aunque alarmantes, siguen sin representar realmente la totalidad de casos que ocurren de abuso sexual contra niños y menores de edad en general en el país.

“No todo el mundo se atreve a ir a denunciar a un familiar o a una persona muy cercana a la familia en este tipo de casos, por lo que estas denuncias no son las más representativas. Existen muchos más abusos a niños y niñas que los que aparecen en el Poder Judicial”, explicó Lang.

Y es que, en la mayoría de los casos, los abusadores son justamente familiares cercanos o personas muy allegadas a la casa. Lang indicó que el silencio cómplice dentro de los núcleos es una realidad persistente, se sigue protegiendo al abusador.

La presidenta de Paniamor, Milena Grillo, indicó que el aumento reflejado en los registros judiciales, es un indicador de cómo la sociedad no ha podido crear el cordón de protección que requieren los niños, niñas y adolescentes para crecer y desarrollarse libre de este crimen. 

"Tenemos que hacer una alerta. Lo que nos dice este crecimiento es que las personas con esta tendencia atroz están anticipando que pueden salirse con la suya y esto tiene que ver que no estamos ejerciendo el cuidado y la protección que lis niños requieren en este momento", recalcó Grillo.   


Por su parte, el abogado penalista, Rodrigo Araya, indicó que este aumento en las denuncias también se puede atribuir a la reforma que años atrás se aprobó para aumentar el tiempo de prescripción de los delitos sexuales cuando las víctimas son menores de edad.

 En estos casos, una vez que el menor cumple la mayoría de edad, tiene 25 años más para poder poner la denuncia.

“Esto ha provocado que haya venido una ola de denuncias de aquellas víctimas que no se atrevían a denunciar cuando sufrieron de este delito siendo menores”, explicó Araya.

Datos recopilados por la Fundación 'Ser y Crecer', provenientes del enlace entre el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) y el 9-1-1, indican que solo en este 2025 se han recibido 978 llamadas denunciando hechos de abuso sexual contra menores de edad.

Sentencias condenatorias

En cuanto a la cantidad de casos que terminan en una condena para el ofensor, los últimos datos disponibles en el Poder Judicial corresponden al año 2023. En ese año hubo 547 condenatorias, en el 2022, 525; en el 2021, 399 y en el 2020, 320.

Araya considera que ha ocurrido una especialización de tribunales en el juzgamiento de delitos de carácter sexual y se han hecho esfuerzos para sacar adelante casos atrasados, lo que se traduce en que haya cada vez más sentencias condenatorias.

Sin embargo, a pesar del aumento, si lo comparamos con la cantidad de denuncias interpuestas anualmente ante la Fiscalía, la diferencia es significativamente alta.

Al respecto, Lang indicó que esta diferencia es un tema al cual el Poder Judicial debe prestar atención.

“Las familias dicen, ¿para qué los voy a denunciar si al final no los van a condenar? Es algo muy complicado”, aseveró.

Grillo coincidió con Lang y catalogó como ineficiente al sistema judicial a la hora de traducir una denuncia en un proceso que pruebe la culpabilidad del ofensor. 

Pero para Araya, existen motivos que no se relacionan con la impunidad, que dan explicación a esta importante diferencia entre las denuncias y las condenatorias.

El abogado explicó que en muchos de estos casos que se denuncian hay víctimas que abandonan los procesos.

Recordó además que en las sentencias condenatorias debe haber certeza de culpabilidad a la hora de dar sentencia y ante cualquier duda debe aplicarse la absolutoria de manera obligatoria, incluso aunque los jueces no estén dando la razón al imputado.  

Por su parte, Lang también cuestionó, como parte de las falencias estatales ante la problemática, la ausencia de campañas de concientización suficientes o de datos e información que puedan alertar a la población y que ayuden a los padres de familia a detectar los abusos en sus hijos.

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