Crece preocupación por venta de incapacidades dentro de la CCSS

Aunque la gran mayoría de los funcionarios públicos del país actúan con integridad, la corrupción se da en un pequñísimo porcentaje y uno de los delitos más frecuentes en este ámbito es la concusión, popularmente conocida como el cobro de "mordidas"; una práctica que afecta la calidad de los servicios públicos.

Claudia Villafuerte, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de San José señala que este delito se configura cuando un funcionario o una funcionaria pública, abusando de su calidad o de sus funciones, obliga o induce a una persona a dar o prometer un beneficio patrimonial. 

Es decir, se hace un cobro indebido a un particular, a cambio de hacer o no hacer una función que le está dada al funcionario.

"Hay  casos de oficiales de Tránsito que piden dinero, o incluso relojes, para no aplicar una multa, son solo una de las tantas formas en que se manifiesta esta práctica.

“Le dicen a la persona: ‘lo podemos arreglar’, le dicen la cantidad de dinero que quieren o incluso le dicen ‘cuánto me quiere dar. Podría ser hasta ‘entrégueme ese reloj a cambio de no hacerle la multa que corresponde’”, dijo Villafuerte.

Según la fiscal, este delito no es exclusivo de los cuerpos policiales, también se da mucho en instituciones como municipalidades, en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el Ministerio de Salud e incluso en funcionarios judiciales.

Para la funcionaria judicial, uno de los fenómenos recientes más preocupantes es la venta de incapacidades dentro de la Caja, así como casos en los que funcionarios municipales o del Ministerio de Salud solicitan pagos a cambio de no sancionar locales sin permisos o construcciones ilegales.

“Basta con que el funcionario induzca u obligue a la persona al pago de ese beneficio patrimonial o a la entrega de un bien para que el delito se configure.

"El castigo para quien incurre en concusión puede ir de dos a ocho años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El funcionario puede ser sancionado administrativamente también si es encontrado culpable”, apuntó Villafuerte.

Pero no solo el funcionario incurre en delito. La fiscal aclaró que también existen dos formas de cohecho, uno propio y otro impropio, que sancionan al particular que ofrece dádivas para recibir beneficios. “Si el particular le ofrece al funcionario un pago por hacer algo contrario a sus funciones, la pena va de tres hasta ocho años. Y si le paga para hacer algo que sí le corresponde, se expone a penas de uno a cinco años de prisión”, detalló.

“Para que exista corrupción se necesita de dos partes. Se necesita un funcionario corrupto, pero también se necesita un corruptor. El ciudadano no tiene por qué acceder. Si fue el funcionario quien indujo el pago, la persona no comete delito.

“No podemos pretender que para facilitarnos la vida vamos a pagar para que se nos dé más rápido una patente, un permiso, o para que no nos multen. Debemos asumir las consecuencias si cometimos un error, pero no prestarnos para este tipo de actos", agregó Villauerte.