Proponen que Estado asuma pensiones alimentarias de adultos mayores que no puedan pagarlas

Una reforma de ley obligaría al Estado a asumir las pensiones alimentarias de aquellos adultos mayores que no puedan pagar esa obligación.

La propuesta, presentada por la oficialista Luz Mary Alpízar, establece que la institucionalidad asumirá ese deber ante la imposibilidad de obligar a los mayores de 65 años a cumplir, esto luego de que el nuevo Código Procesal de Familia eliminó el apremio corporal como una forma de coerción para esta población.

“Actualmente, si la persona obligada al pago de pensión alimentaria es mayor de 65 años y no cuenta con recursos económicos suficientes, o resulta imposible el cobro a través de otros medios legales, la persona menor de edad queda en una situación de desprotección.

“Con el fin de garantizar el interés superior de la niñez y la adolescencia, se propone la creación de un mecanismo por el cual el Estado asuma, de manera temporal o permanente, el pago de dichas pensiones, previa verificación judicial o administrativa de la imposibilidad de cobro”, justificó Alpízar.

La diputada explicó que sin la posibilidad de enviar a prisión a las personas que incumplan, como sucedía en el pasado, se está dificultando la satisfacción de los derechos alimentarios de niños y adolescentes.

Como ejemplo; explicó que, a junio de 2024, el Tribunal Supremo de Elecciones reportaba un total de 10.564 adultos mayores que tenían registrado al menos un hijo menor de edad.

Según la iniciativa, el Estado deberá asumir esa responsabilidad en los casos donde el deudor mayor de 65 años no pueda ser obligado a pagar, no pueda hacerlo por imposibilidad económica, o bien, fallezca sin reportar bienes sucesorios ni herederos obligados de manera solidaria.

¿Cómo?

Para financiar esa futura obligación, la iniciativa de ley propone crear un destino específico del 0,05% de los recursos que recauda el Ministerio de Hacienda por concepto del Impuesto Selectivo de Consumo y el Impuesto al Valor Agregado, en lo que corresponde a la venta de productos de tabaco.

Además, crea un fondo especial adscrito a la institución que designe el Estado para financiar estos pagos. Este se alimentaría de partidas específicas en el presupuesto nacional, aportes solidarios de instituciones públicas y privadas, y eventuales donaciones.

“Con esta iniciativa se busca equilibrar la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, el trato digno de las personas de la tercera edad y la sostenibilidad financiera de las políticas públicas, conforme a los principios y multas del ordenamiento jurídico costarricense”, sentenció Alpízar.

El proyecto debe ser ahora asignado a comisión para que inicie su discusión y análisis.