Caso “Pista Oscura”: ¿Por qué no se dictaron medidas contra el presidente de CNE?
Alejandro Picado fue el único de cuatro investigados en el caso de supuesta corrupción en los arreglos de la pista del Daniel Oduber al que no se le impuso ninguna disposición cautelar.
El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, fue el único de los investigados en el caso de presunta corrupción conocido como “Pista Oscura” que salió ileso de la audiencia de medidas cautelares celebrada en la última semana.
Contra el jerarca, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pretendía incluso que se le suspendiera del cargo por un año.
Sin embargo, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública estuvo lejos de acoger ese pedido e, incluso, descartó otras medidas de menor gravedad, como el impedimento de salida del territorio costarricense, la prohibición para ingresar a su lugar de trabajo o de acercarse a testigos.
"La señora jueza consideró que había algunos aspectos relacionados con el tema de la participación de él. Vamos a ver, es importante aclarar que, con relación a los hechos en específico, la jueza no los cuestiona, considera que sí existe la delincuencia que aquí se ha investigado por parte de la Fiscalía. Pero ella tiene dudas respecto de la influencia que don Alejandro pudo haber generado sobre otras personas que también participaron en los hechos", explicó el representante del Ministerio Público, Diego Maroto.
Pero el defensor de Picado, José Francisco Madrigal, considera que las declaraciones de su contraparte no fueron lo suficientemente claras.
En ese sentido, el abogado amplió que la decisora descartó que se haya aportado prueba alguna que ligue al presidente ejecutivo con los hechos por le achacan en el expediente 24-000454-1218-PE.
"Lo que dijo la señora jueza fue que la Fiscalía ha traído prueba de que efectivamente no había nexo causal y que, aparentemente, los documentos en los que solicita la integración del cantón de Liberia en el decreto (de emergencia por los efectos del huracán Bonnie) y en el plan de inversión están basados en un tratamiento de un informe que había hecho la unidad de Infraestructura de la Dirección General de Aviación Civil totalmente manipulado. Eso fue lo que la jueza dijo, que trajeron prueba sobre eso.
"No obstante, hasta el día de hoy, no hay prueba de que don Alejandro, en primer lugar, haya tenido conocimiento de que los documentos que se le presentaron a la Comisión Nacional de Emergencias habían sido manipulados en su contenido. En segundo lugar, tampoco trajeron prueba de que don Alejandro haya torcido la voluntad de los miembros de la Comisión Nacional de Emergencias, para aprobar, tanto la sugerencia a incluir al cantón de Liberia en el decreto o que haya influido en la voluntad de los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias para aprobar el plan de inversión", indicó el jurista a Teletica.com.
De esta manera, sostuvo Madrigal, el órgano jurisdiccional no tuvo otra posibilidad más que rechazar las medidas cautelares, ya que no se cumplían los requisitos exigidos por el artículo 239 del Código Procesal Penal.
La Fiscalía, por su parte, apeló esa decisión. Ahora deberá programarse una vista ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, donde se conocerá el recurso.
A diferencia de Picado, el exministro Mauricio Batalla, el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, así como un ingeniero de apellido Villalobos, deberán descontar disposiciones leves mientras se avanza en la investigación que a todos se les sigue por presunto tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública en la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.
