Allanan casa de exministro Batalla y presidente de CNE por arreglos en Daniel Oduber

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción lleva a cabo 22 allanamientos desde la madrugada de este martes por presuntas anomalías en la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia (vea video adjunto de Telenoticias).

El operativo está a cargo de la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y se lleva a cabo en instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Dirección General de Aviación Civil, así como la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), además de la constructora MECO.

También se intervinieron las casas del exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla; el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo; así como la del presidente ejecutivo de la Comisión de Emergencias, Alejandro Picado.

La información la confirmaron el fiscal general Carlo Díaz y el director general de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga.

Cuestionados arreglos

Valga recordar que desde hace más de un año trascendió que el Ministerio Público persigue supuestas irregularidades en las obras contratadas por $39,9 millones a MECO, bajo el expediente 24-000030-1218-PE.

Dicha causa persigue aparentes irregularidades en la inclusión de Liberia en el decreto de emergencia 43.626-MP del 12 de junio de 2022, como parte de los territorios afectados por la tormenta tropical Bonnie. Lo anterior para justificar la reparación de la pista de la terminal.

Aquella movida se dio mediante el decreto 44.072, suscrito el 21 de junio de 2023 por el presidente Rodrigo Chaves y la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.

Sin embargo, la tesis de la Fiscalía es que, en apariencia, el fenómeno natural no tuvo ninguna relación con los daños que presentaba el aeropuerto.

El fin de esa gestión era que los procesos licitatorios se hicieran bajo el régimen de excepción establecido en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

Lo anterior no solo permitió que se hiciera uso de fondos especiales, sino que también dio pie a que la Contraloría General de la República (CGR) no pudiera conocer y resolver apelaciones planteadas por otras empresas que participaron en el concurso, como sucedió con H. Solís.

De hecho, el propio Chaves fue quien refirió una contratación aparentemente hecha a la medida de MECO, al incluirse un requisito que solamente esa compañía cumplía. Lo hizo el 12 de marzo de 2024, cuando destituyó al otrora ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador; así como el director general de Aviación Civil, Fernando Naranjo.

Precisamente, Amador y Naranjo forman parte de la lista de encartados en la sumaria antes mencionada, al igual que otros funcionarios de apellidos Marín, Rodríguez y Murillo, además de particulares de apellidos Murillo, Castellón, Baltodano, González y Sánchez.

En los casos de Batalla y Castillo, su relación con el caso está ligada a presuntas anomalías en la ejecución de la obra, a diferencia de sus antecesores Amador y Naranjo, ya que a estos se les vincula con aparentes irregularidades con el proceso previo.

De manera paralela, la Fiscalía General a su vez investiga a Chaves y a Díaz por la firma del decreto de ampliación.