Vecinos piden usar indemnización por derrame para investigar contaminación en Madre de Dios
En 2003, miles de litros de un fungicida cayeron en las aguas que alimentan una paradisiaca laguna en el Caribe. Desde entonces, los eventos con peces muertos en la zona son frecuentes.
El 12 de enero de 2003, el derrame de unos 20.000 litros del fungicida clorotalonil desde el aeropuerto de 24 Millas de Batán, en Matina, provocó la muerte de peces y crustáceos en canales, lagunas y ríos cercanos.
Debido a ese accidente, la Standard Fruit Company debió indemnizar con unos $115.000, según reportó el 19 de julio de 2004 el diario La Nación, con base en comunicado emitido por la empresa tras el archivo del expediente 11-03-TAA del Tribunal Ambiental Administrativo.
Una parte de ese dinero fue utilizado para necesidades propias de las comunidades afectadas, pero el resto permanece empantanado en cuentas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Tal vez el evento antes citado es el más importante que se ha registrado hasta la fecha, pero las mortandades en la zona son frecuentes desde entonces; principalmente en la primera mitad de cada año.
Desde aquel entonces, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) inició un seguimiento permanente de los cuerpos acuíferos cercanos.
El monitoreo ha permitido identificar hasta 17 sustancias distintas en un solo evento, como el registrado el 9 de junio de 2015, según se desprende de una carta enviada el 20 de setiembre de 2017 al entonces ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez.
Aquel oficio —al que Teletica.com tuvo acceso— parece más vigente que nunca, pues en menos de un año, el Instituto de Estudios de Sustancias Tóxicas recibió múltiples reportes de mortalidades.
Buena parte de esos informes los ha hecho el líder comunal, Julio Knight. La insistencia de este empresario turístico llevó a un equipo de este medio a constatar de primera mano la situación que ocurre en el paraíso natural de la laguna Madre de Dios, el 26 de mayo pasado. Y en efecto, los cuerpos de peces estrombal y róbalo, de todos los tamaños, flotan panza arriba por doquier.
"Algunas instituciones como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se quejan de que ellos no tienen fondos para venirnos a ayudar con ese problema. Entonces yo creo que esos dineros (de la indemnización de la Standard Fruit Company) podrían utilizarse para eso", comentó Knight.
Y es que cada muestra tiene un costo de alrededor de ¢120.000. Solo el año pasado, el Instituto de Estudios de Sustancias Tóxicas efectuó 33 muestreos, lo que implicó un gasto de ¢4 millones.
Para el líder comunal, las instituciones que deben dar respuesta no han mostrado el interés que demanda la situación. El empresario no concibe cómo los eventos se repiten cada año, con la llegada de las lluvias y el arrastre de químicos usados en las plantaciones de banano y piña.
"No puede ser posible que durante tantos años nos estén matando. O sea, las comunidades pequeñitas vivimos de esto, vivimos de la pesca, vivimos de la naturaleza. Y si este montón de productos están llegando a las lagunas, nos están matando. Nos están matando nosotros, están matando a nuestro entorno, nuestro vivir. Están matando la naturaleza y todos los animales. Así como matan a los peces, no sabemos si están matando las tortugas, los caimanes, los cocodrilos y todos los animales que se pueden alimentar de un pez. Además de eso, las especies pequeñitas, como macroinvertebrados y bichillos que hay en el agua", puntualizó Knight.
Impacto al ecosistema
El Instituto de Estudios de Sustancias Tóxicas no solo ha evidenciado la presencia de plaguicidas en estas aguas, sino que, incluso, sus científicos han logrado identificar 20 moléculas distintas en una sola muestra de un litro.
Herbicidas, fungicidas, insecticidas y nematicidas forman parte de las sustancias halladas.
En la carta salida de la Universidad Nacional aquel 20 de setiembre de 2017, ocho científicos advirtieron que la situación puede “causar una disminución progresiva de la biodiversidad y un desbalance de las funciones de este ecosistema tan productivo”, en el que además habita el manatí. Precisamente, esa especie fue declarada símbolo nacional de la fauna marina de Costa Rica el 15 de julio de 2014.
La contaminación con esos químicos, además de matar a los peces, impacta microalgas y plantas acuáticas, e invertebrados acuáticos, como las larvas de insectos y los crustáceos.
Sobre el particular, Teletica.com solicitó desde el 30 de mayo anterior entrevistas con el Ministerio de Salud y Sistema de Áreas de Conservación, sin que a la fecha estas hayan sido atendidas.
