Fiscalía investiga aparente influencia contra la Hacienda Pública en implementación del ERP

Desde incluso antes de su implementación, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga una presunta influencia contra la Hacienda Pública asociada con el sistema de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El Ministerio Público confirmó, ante consulta de Teletica.com, que la tramita bajo el expediente 23-000126-1218-PE.

La Fiscalía evitó ahondar en detalles sobre los hechos que persigue en esa causa o sobre por qué la investigación se abrió dos años antes de la salida en vivo de la herramienta. Esto en virtud de que el artículo 295 del Código Procesal Penal establece una privacidad de actuaciones durante la etapa preparatoria de una sumaria como la indicada.

No obstante, el numeral 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública define ese delito como la acción en la que incurre un funcionario público al influir, dirigir o condicionar para que se produzca un resultado determinado que lesione el patrimonio del Estado o al interés público.

Pero ante cuestionamientos de este medio, el Ministerio Público confirmó que a ese expediente se incluyó una denuncia presentada el 10 de junio anterior por el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas.

El planteamiento del dirigente sindical llegó ocho días después de la implementación de la plataforma.

Tanto esa organización de trabajadores como la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) han criticado reiteradamente una puesta en marcha “forzosa” de la herramienta tecnológica, pese a las múltiples advertencias hechas por las gerencias de Logística y Financiera.

"Ante esta situación, para nada menor y que trastoca el funcionamiento estructural de la institución en sus procesos más sustantivos, ese órgano colegiado y superior de la Caja de Seguro Social, al parecer entró en una dinámica altamente cuestionable, al punto de que existen serios elementos públicos y notorios que podrían evidenciar que dicho órgano no quiso escuchar las advertencias de los entes técnicos y trasladó la valoración a la administración de las gerencias de la institución", expone la denuncia, a la que Teletica.com tuvo acceso.

Basada en alertas emitidas por la Auditoría Interna de la institución para aquel momento, la Asociación de Empleados alegó que la salida en vivo provocó daños que abarcan la suspensión del pago de incapacidades y proveedores, deterioro en la cadena de abastecimiento de medicamentos e implementos médicos, entre otros. Precisamente, estos formaban parte de los riesgos de la implementación enumerados por distintas instancias previo a la puesta en marcha, el 2 de junio anterior.

Recién el martes, el auditor Ólger Sánchez reveló en una comparecencia ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa que, con la implementación del nuevo sistema, la Caja registra atrasos en pagos por bienes y servicios que ascienden los $186 millones hasta el 30 de junio pasado.

A ello debe sumarse que alrededor de 217.000 boletas de incapacidades estaban pendientes de ingresarse al nuevo sistema, lo cual impactaba los subsidios que reciben trabajadores que han dejado de percibir sus salarios a consecuencia de situaciones de salud.

Pese a que la Fiscalía no puntualizó si se tienen imputados bajo esa sumaria, la denuncia pide se investigue a la presidente ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, sus asesores de apellidos Guevara y Badilla, así como el director del Plan de Innovación, Héctor Arias. También se pide a los directores que votaron a favor de la implementación en la sesión 9.524 del 29 de mayo pasado.

De igual forma, se pide indagar en los elementos que mediaron en el nombramiento de Arias por aparentes actos administrativos viciados de nulidad, al igual que posibles vínculos que derivaron en el contrato adjudicado por la institución a la empresa SAP, que fue la que desarrolló el sistema.

En curso

​El pasado 1.° de julio, la Unión de Empleados de la Caja presentó una denuncia similar ante la Fiscalía Anticorrupción. La gestión pide se persigan los supuestos de incumplimiento de deberes, fraude de ley en la contratación pública, abuso de autoridad, prevaricato, administración en provecho de terceros y actos de corrupción.

Todo ello por hechos que se desprenden de la ejecución del contrato 2020-09, para la implementación del sistema.

Al igual que en el caso de la denuncia de la Asociación de Empleados, la base de sus alegatos gira alrededor las alertas emitidas por la Auditoría Interna y las advertencias hechas por diferentes unidades de la institución.

Se mencionan, a su vez, aparentes entregables defectuosos, posibles pagos retroactivos sin respaldo legal y adendas que presuntamente son irregulares, entre otros.

Específicamente, se atribuye a Mónica Taylor y Héctor Arias el impulso que dieron a la puesta en operación de la herramienta, pese a que se carecían las condiciones técnicas mínimas para ello. Tal situación —según el sindicato— comprometió la legalidad, trazabilidad y continuidad de servicios esenciales.

Sobre esta queja, Teletica.com mantiene en trámite una consulta adicional ante la oficina de prensa del Ministerio Público.

Respecto a los hechos, de igual forma, este medio se pidió una posición de Taylor o de Arias, pero al cierre de esta publicación no se ha recibido respuesta alguna.

La presidenta ejecutiva ha defendido la necesidad de poner en marcha el proyecto para “llevar luz” a las compras y procesos que realiza la institución, al darles una trazabilidad que hasta ahora era difícil de hacer por la operación de 15 sistemas que no interactuaban entre sí.

Por su parte, el director de Plan de Innovación ha enfatizado en que la institución atraviesa una fase de estabilización, en la que el personal debe acostumbrarse y la información hacer compatible con la nueva plataforma.

Entretanto, desde el lunes anterior, el Comité Ejecutivo de Alta Gerencia se acordó la coexistencia temporal con los sistemas operativos anteriores, como parte de esa migración.