Por Paulo Villalobos |8 de julio de 2025, 11:05 AM

El 23 de junio pasado, la detención del abogado Celso Gamboa acaparó los titulares de todos los medios. Incluso, aquella noticia opacó por completo la segunda acusación presentada por la Fiscalía General contra el presidente Rodrigo Chaves.

La captura se dio a solicitud de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que lo requiere por presunto tráfico internacional de estupefacientes.

Sin embargo, será el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José el que determine si avala o no la extradición del exmagistrado y exministro de Seguridad. Esa discusión tomará tiempo y en ella participarán múltiples actores.

En primer lugar, está el juez William Serrano. Este decisor tiene alrededor de 15 años en su puesto. También ha fungido interinamente como director de la Escuela Judicial y ha integrado la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Costa Rica, entre otros foros.

La defensa de Gamboa ya había planteado separar a este juzgador del proceso, pero la recusación fue rechazada el 2 de julio anterior. Así las cosas, será Serrano quien resuelva el pedido estadounidense.

Y sobre esto último surge una gran interrogante: ¿quién representará los intereses del Estado requiriente?

La respuesta está en el artículo 20 del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, que establece que la Procuraduría General de la República (PGR) será quien asesore, asista y represente a esa nación en los estrados nacionales.

En virtud de lo anterior es que, el 25 de junio pasado, el jefe de la Abogacía del Estado, Iván Vincenti, apersonó a Kasandra Mora en el expediente 25-000071-0016-PE, en el que se tramita la extradición del jurista.

Tras una consulta de Teletica.com, Vincenti destacó que Mora trabaja en la Procuraduría desde 2005, en el Área de Derecho Penal de esa institución. Actualmente, la abogada se desempeña tanto en el área litigiosa como en la consultiva.

"A nivel interno, como representante por imperio de ley de la Procuraduría General de la República, el procurador general delega la competencia atribuida en esa norma en un procurador del Área de Derecho Penal. Para el caso que se nos consulta, esta designación recayó —prima facie— en la licenciada Mora. Lo anterior sin perjuicio de que se pueda nombrar a otro procurador del área, según las necesidades de la institución", agregó Vincenti.

Tan solo un día antes, a la sumaria llegó un documento de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) de la Fiscalía General, en la que el jurista Elías Carranza se apersonó al proceso de extradición de Gamboa.

Ese despacho del Ministerio Público indicó a este medio que esa participación tiene como objetivo representar a la Fiscalía en la discusión derivada del requerimiento estadounidense.

Carranza es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como máster en Ciencias Políticas y Manejo Ambiental por parte de un consorcio de universidades europeas.

No obstante, la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales subrayó que este tipo de procesos son atendidos por un equipo de fiscales y no exclusivamente por uno. Todos ellos, defendió el despacho, tienen amplia capacitación en temas de derecho penal internacional y cooperación judicial.

En el expediente, además, consta el apersonamiento de Natalia Gamboa y Michael Castillo como representantes legales del exmagistrado.

De hecho, la primera es hermana del extraditable y labora como defensora pública. Anteriormente, Gamboa representó al exministro en un juicio que encaró por presunto tráfico de influencias, en el cual resultó absuelto el 24 de marzo de 2021.

En el caso de Castillo, la situación es más incierta, pues no se cuenta con mayores referencias sobre su trabajo. Únicamente se sabe que se incorporó al Colegio de Abogados en 2019 y que tiene un correo electrónico del bufete Celso Gamboa & Asociados.

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