CCSS acumula $186 millones en cuentas por pagar tras implementación de ERP, revela auditor
El diputado oficialista Daniel Vargas niega que la institución haya dado marcha atrás en alguna de las funcionalidades del nuevo sistema, como afirma el órgano fiscalizador.
La implementación del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha provocado atrasos en pago a proveedores por $186 millones.
Así lo dio a conocer, la mañana de este martes, el auditor interno Ólger Sánchez Carrillo durante una comparecencia ante una comisión de la Asamblea Legislativa que investiga presuntas irregularidades ocurridas en la institución administradora de los hospitales públicos del país.
La deuda se distribuye en $110 millones de unidades de la Gerencia Financiera, mientras que los restantes $76 millones son en la Gerencia de Logística, precisó el funcionario.
"Hay varios riesgos asociados. Uno de ellos tiene que ver con la reputación institucional. Los pagos de multas e intereses que eventualmente vayan a exigir los proveedores por algún incumplimiento en el pago. Riesgos operativos relacionados con la afectación en la continuidad de la prestación de servicios de salud al no cancelar a tiempo las facturas. Y no recibir los bienes y servicios", detalló Sánchez Carrillo.
El dato se desprende de hallazgos hechos por la Auditoría Interna entre el 12 y 30 de junio. Ese despacho efectuó 64 informes sobre la herramienta desde 2018.
Durante su exposición, el auditor mencionó que otro elemento encontrado se relaciona con la ausencia de un módulo de gestión de inventarios; en particular, un componente denominado Extended Warehouse Management (EWM).
Sin embargo, desde la Dirección de Plan de Innovación —responsable de la puesta en marcha de la plataforma— aclararon que la institución únicamente adquirió una versión básica de ese módulo, según el líder logístico Luis Andrés Sánchez González.
El compareciente explicó que, el 14 de abril anterior, se acordó mantener operativo el Sistema de Gestión de Suministros (SIGES) como parte de una transición, mientras se ponía en marcha el componente.
De igual forma, Sánchez González indicó que implementar la versión extendida implicaba hacer volumetría, pesajes y tomar dimensiones. Esto le hubiese salido “muy oneroso” a la Caja.
Para el auditor, este módulo es relevante en el tanto que el Almacén General maneja alrededor de $170 millones mensuales; y el componente permitiría dar trazabilidad a las compras, desde la recepción, la custodia, el almacenamiento y la distribución de los bienes. De esta manera se pretende evitar fugas, sustracciones, usos indebidos o situaciones análogas, precisó Sánchez Carrillo.
El órgano fiscalizador también identificó 217.000 boletas de incapacidades pendientes de ingresar al nuevo sistema, lo cual impacta los subsidios que reciben trabajadores que han dejado de percibir sus salarios.
De igual manera, el auditor mencionó que este tipo de situaciones pueden conllevar problemas con los estados financieros de la institución.
Marcha atrás
Durante su exposición, Ólger Sánchez Carrillo también aseguró que la institución decidió suspender el uso del ERP y volver a los sistemas anteriores.
Sin embargo, el diputado del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Daniel Vargas Quirós, rechazó que tal situación fuera cierta.
"Debo aclarar que no ha habido reversión en ninguna funcionalidad relacionada con ERP. Se han activado algunos sistemas en paralelo, como proceso de estabilización. Eso fue por la calidad de los datos que le estaban siendo trasladados de los sistemas anteriores. Es falso que se estén devolviendo a operar con sistemas anteriores. Se sigue trabajando en paralelo, pero SAP no tiene reversa, se va a implementar", aseguró el legislador.
La versión de Vargas Quirós coincide con el acuerdo con el Comité Ejecutivo de Alta Gerencia de la institución, anunciado el lunes.
Su compañera de fracción, Ada Acuña Castro, acusó a las gerencias Financiera y de Logística de entrabar el funcionamiento de la nueva plataforma, al sostener que esas instancias no quieren que impere la trazabilidad con la que se promueve la herramienta. No obstante, ambas instancias han emitido alertas desde antes de que se pusiera en marcha el sistema.
En esa línea, la congresista del Partido Nueva República (PNR), Olga Morera, pidió a la Auditoría Interna que, a futuro, se diferencien los problemas de gestión y de sistema.
Por su parte, la parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, criticó la “resistencia” que parece existir de una parte del personal de la institución a implementar, mientras que la diputada del Partido Frente Amplio (PFA), Rocío Alfaro, fustigó la puesta en marcha “a la brava” del ERP.
