Alcalde rechaza arbitrariedades contra EBI y dice que pendientes frenan nuevo relleno
El Gobierno asumirá la defensa del Estado en el proceso internacional iniciado por la compañía de capital canadiense.
El arbitraje internacional anunciado por la empresa Berthier EBI contra Costa Rica causó diferentes reacciones.
Por un lado, el Gobierno de la República salió a asumir la defensa del Estado en dicho proceso, mientras que las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro —acusadas de “acciones arbitrarias” por la compañía— dieron su versión a Teletica.com.
En el caso del alcalde alajuelense, Roberto Thompson, este se limitó a decir que no ha sido formalmente notificado y que no se puede referir a los señalamientos.
Por su parte, su homólogo oromontano, Anthony Fallas, se sacudió de la crítica de EBI.
"No hemos realizado ninguna actuación arbitraria en contra de la empresa que pretende abrir un segundo relleno sanitario en el cantón. Por el contrario, hemos recurrido a los mecanismos jurídicos y administrativos establecidos en la legislación vigente para gestionar la revocatoria del permiso que ya había sido otorgado durante la administración anterior", indicó el gobernante local.
En ese sentido, Fallas recordó que la compañía tiene dos trámites pendientes de resolver antes de que pueda poner en marcha el Parque Tecnológico Ambiental Galagarza.
Como lo dio a conocer este medio el 19 de junio pasado, el proyecto aún no tiene en firme la viabilidad ambiental.
Si bien la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) ratificó la licencia otorgada al nuevo relleno sanitario, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) aún debe pronunciarse sobre un último recurso administrativo presentado por la Asociación Civil Pro Natura.
A ello debe sumarse que la empresa tiene pendiente la renovación del alineamiento vial ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), lo que —según el alcalde— impide que EBI continúe con la instalación de un segundo basurero en el cantón puntarenense.
"La Municipalidad de Montes de Oro reitera su compromiso con la legalidad y con el respeto pleno al ordenamiento jurídico costarricense, actuando siempre dentro del marco de la ley y en defensa del interés público.
"Además, desde el plano social y ambiental, hemos sido firmes y consecuentes en nuestra posición de protección al ambiente, a la salud pública y al desarrollo integral del cantón", aunó el gobernante local.
Otras vías
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) dio a conocer que ambos municipios tienen en curso procesos de lesividad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Con esas gestiones, los gobiernos locales pretenden anular certificados de uso de suelo que habían sido otorgados por las administraciones previas a las de Roberto Thompson y Anthony Fallas, quienes tomaron posesión el 1.° de mayo de 2024.
Berthier EBI acusa que el actuar de las municipalidades han frenado los centros de gestión denominados Bajo Pita en Alajuela y Galagarza en Montes de Oro.
Por lo anterior, la empresa —que tramita uno de los proyectos mediante Bajo Pita S.A.— alegó un que enfrenta una “progresiva expropiación de facto”; misma que busca detener a través del tratado de protección de inversiones entre Canadá y Costa Rica.
Sobre el particular, el Gobierno se dijo comprometido por ejercer una defensa responsable de los intereses del Estado, para lo cual procurará canales de coordinación con las municipalidades, así como un diálogo constructivo con los inversionistas para buscar una solución a la disputa.