Juez bloquea orden de Trump que elimina nacionalidad por nacimiento
La medida debía entrar en vigor el 27 de julio. Ahora el Gobierno de Estados Unidos tiene una semana para apelar al fallo, que busca proteger a los niños “existentes y futuros”.
Un juez federal de Concord, New Hampshire, bloqueó este jueves (10.07.2025), con carácter nacional, la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar la ciudadanía por nacimiento, que anunció en su segundo día en el poder y que ha resultado ser una de las medidas más polémicas del mandato del magnate republicano.
"Privar de la ciudadanía estadounidense en un cambio abrupto de una política de larga data, y provoca daños irreparables", dijo en la lectura del fallo el juez Joseph Laplante quien, sin embargo, declaró una pausa de siete días en su decisión para permitir al Gobierno apelar su fallo, según recoge el caso tramitado como una demanda colectiva por la organización Unión de Libertades Civiles (ACLU).
Laplante, que fue nombrado por el presidente George W. Bush, también republicano, resaltó que la ciudadanía estadounidense "es el mayor privilegio que existe en el mundo". Este mismo magistrado ya se había opuesto en febrero a la misma orden ejecutiva, pero limitando el alcance de su fallo solo a los miembros de varias organizaciones y no con carácter universal, y alegó entonces que la orden de Trump violaba la 14ª. enmienda constitucional.
Niños, pero no sus padres
La orden ejecutiva de Trump debía entrar en vigor el próximo 27 de julio, después de que el Tribunal Supremo invalidara otras órdenes de bloqueo parecidas emitidas por jueces estatales con el argumento de que no podían bloquear órdenes con alcance federal, en lo que se consideró un fallo de enorme trascendencia jurídica ante la "barrera" de decisiones judiciales que se han opuesto a las políticas de Trump.
El fallo de Laplante a la moción presentada por "Bárbara y otros" señala que los demandantes "pueden sufrir un daño irreparable si no se otorga la orden (de bloqueo)". El caso, presentado por abogados de derechos de inmigrantes, solicitaba al juez garantizar el status de sus representados, así como de todo niño cuya ciudadanía pudiera estar en peligro por la implementación de la directiva de Trump.
De hecho, el fallo del juez de Concord se refiere a "los niños existentes y los futuros" que se verían afectados por la orden ejecutiva, pero no menciona a sus padres, como también habían solicitado los demandantes. La peticionaria principal, Bárbara (cuyos apellidos no fueron revelados), es una ciudadana hondureña que está pendiente de una solicitud de asilo y que espera a un primer hijo en octubre de este año que nacería en territorio estadounidense.
