Fiscalía argentina se opone a prisión domiciliaria para Cristina Fernández
Por medio de un escrito, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola señalan que la concesión de esa alternativa “es una potestad, no algo obligatorio”, incluso en el caso de una expresidenta.
La Fiscalía argentina pidió este martes (17.06.2025), a través de un escrito, que se rechace el pedido de prisión domiciliaria realizado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández, tras la ratificación de la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta argentina (2007-2015). El tema deberán resolverlo los jueces del Tribunal Oral 2.
“Conceder la prisión domiciliaria es una potestad, no algo obligatorio. Es una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Su concesión no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que enumera la ley”, señalaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el texto.
La posición de la fiscalía se conoce un día antes de que se cumpla el plazo de cinco días que se le otorgó a Fernández para ponerse a disposición de la Justicia y comenzar a cumplir su condena, tras la resolución de una causa conocida como 'Vialidad' en la que fue hallada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas durante su Gobierno.
Tobillera innecesaria
Después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la sentencia condenatoria, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, había solicitado el beneficio del arresto domiciliario. El pedido se fundó en la edad de Fernández, 72 años. Además, afirmó que debido a su rol de ex jefa de Estado no corresponde que sea alojada en una cárcel común, teniendo como antecedente el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
La Fiscalía, en cambio, considera que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”.
La defensa también había referido que el uso de tobillera electrónica por parte de la exjefa de Estado devendría, según su interpretación, completamente innecesario. “Ante el hipotético supuesto de que se haga lugar a lo peticionado por la defensa, este Ministerio Público Fiscal se va a oponer a esa propuesta, en razón de que el uso de un dispositivo electrónico de control se trata de una exigencia legal”, dejaron en claro los fiscales.
